martes, 4 de septiembre de 2018

De la crisis de la democracia representativa a la primacía de la participación local: el caso de Ahora Madrid.



Pablo González Bolado. Graduado en Ciencia Política y Administración Pública. Grupo de Estudios Culturales A. Gramsci.
  1. INTRODUCCIÓN


El ideal del gobierno del pueblo o democracia ha sufrido variaciones a lo largo de su historia, intentando adaptarse a las necesidades y realidades a las que hacían frente las sociedades gobernadas por estos regímenes. La concepción mayoritaria de la democracia en la actualidad tiene su origen en las luchas acontecidas desde el siglo XVII, entre la burguesía y las monarquías, cuyo fin era el de acabar con el poder absoluto de las segundas. Este modelo democrático, conocido como liberal, se vio obligado a modificar las formas por las que había transcurrido la implicación política, sustituyendo la participación directa en asambleas por la delegación de los derechos políticos en representantes del pueblo, para así poder instaurar estos arquetipos en grandes territorios.
Las transformaciones económicas y sociales por las que han transcurrido las democracias liberales han generado entre sus habitantes una sensación generalizada de desafecto con el sistema político. Esta desafección encuentra sus bases en una creciente apatía con las formas tradicionales de participación política -partidos, sindicatos…- y un cambio en los sistemas de valores de estas sociedades. Estos nuevos valores se encuentran más ligados a la autorrealización personal, generando cada vez mayor interés por la gestión política.
Por este motivo, surgen más colectivos que promueven el establecimiento de mecanismos de democracia participativa, tanto en las instituciones como en el interior de los partidos. Para estas formaciones, la democracia participativa, cuando discurre por formas deliberativas, genera una dinámica de concienciación de los problemas del resto de colectivos sociales y de alteración de las preferencias, en pro de los más desfavorecidos. Es decir, incluye mecanismos redistributivos, como cada paso adelante en la historia de la democracia.
El objeto de este trabajo es realizar un estudio sobre la implantación de la democracia participativa en el nivel municipal. Para ello se realizará un estudio sobre la descentralización administrativa y las herramientas que han sido utilizadas por los mencionados nuevos movimientos.
La descentralización administrativa supone el primer paso para facilitar la implicación del demos en la gestión de los asuntos políticos; nuestras ciudades poseen una magnitud de población que hace prácticamente imposible un sistema político con una gobernabilidad efectiva si se prescinde de la representación. Por ello es necesario fragmentar los núcleos urbanos, para así facilitar la puesta en común de las posturas de la ciudadanía en torno a los problemas cotidianos a los que se enfrentan.
Además, se han seleccionado diversos mecanismos participativos con el propósito de contextualizar como un sistema político basado en la representación puede ser complementado a través de la implicación de la ciudadanía en la gestión de diferentes asuntos. Para ello se ejemplificará cómo funcionan las asambleas abiertas en Nueva Inglaterra o en Suiza, las diferentes formas de referéndum e iniciativas ciudadanas, los presupuestos participativos y los incipientes proyectos de democracia digital.
En nuestro país la desafección con el sistema político procedía de una imagen colectiva de turnismo en el gobierno entre los dos grandes partidos y una fuerte crisis económica a la que no se podía hacer frente desde las instituciones. En 2011, en Madrid, nació un movimiento conocido como 15M, formado por personas indignadas con el sistema político. Ese movimiento social tuvo su traducción, en 2015, en diversas candidaturas municipalistas, que se reclamaban herederas del movimiento y que intentaron llevar a sus programas y a su funcionamiento los consensos a los que llegó el 15M.
El trabajo incluye un estudio sobre el fomento de los mecanismos participativos impulsados por la candidatura madrileña, Ahora Madrid. Para ello se realizará un estudio de las normativas estatales, autonómicas y locales relativas a la participación ciudadana municipal, la estructura en la que se divide la ciudad y la forma en la que participan sus habitantes más allá de las elecciones. Este último punto será especialmente relevante debido al éxito que ha supuesto a nivel internacional el sistema de gobierno abierto electrónico que el Ayuntamiento ha creado en 2015, capaz de dar cabida a debates y a canalizar las demandas ciudadanas para la ejecución de obras públicas.

  1. HACIA UN NUEVO PARADIGMA DEMOCRÁTICO


La democracia es un concepto doctrinal que se encuentra bajo una constante disputa en términos teóricos y prácticos. Las diferentes concepciones sobre la noción de democracia, definir cuáles son sus límites, los derechos que contiene y los deberes que conlleva, se traducen en distintas formulaciones que originan instituciones y cauces de ejercer el derecho de participación política.
La mayoría de los países actuales han adoptado en sus ordenamientos constitucionales una concepción acerca de sus ordenamientos políticos de tipo liberal. Esto supone la asunción de diferentes principios que van a ordenar la sociedad, entre los que se puede destacar la prioridad de las libertades individuales y el control frente a los abusos del poder. Tales pilares encuentran su traducción en el respeto a los derechos de asociación y pluralismo político, así como en la separación de poderes. Esta última idea, en la praxis, intenta contrapesar las funciones de las distintas secciones del poder estatal, para así evitar la arbitrariedad y los abusos sobre el pueblo por quienes detentan el control del estado.
La democracia liberal tiene un origen de tipo elitista, pues su germen se remonta a las demandas de participación política de la burguesía en una época en la que la ordenación de la vida estaba limitada a la nobleza. En consecuencia, sus primeras experiencias distaron enormemente del gobierno del pueblo, constituyendo realmente un gobierno de las clases económicamente dominantes. Sin embargo, fruto de las presiones, primero del movimiento obrero y posteriormente de otros movimientos sociales de nuevo tipo, el modelo democrático fue ampliando sus esferas de participación para incluir a las clases trabajadoras y ampliar el número de derechos reconocidos.
Abrir el gobierno del estado a la ciudadanía suponía la necesidad de crear nuevas formas de participación política; el establecimiento de un modelo democrático de gestión para un territorio tan amplio y un nivel de población tan elevado era incompatible con los sistemas asamblearios, donde todos los miembros con derechos de participación podían ejercer sus potestades de forma directa.
Por este motivo se crea un sistema en el que los derechos políticos pasan a ejercerse por medio de representantes, que son elegidos en período de elecciones. De esta manera el electorado puede elegir a quien mejor considere que pueda representar sus intereses en una asamblea de diputados electos, al frente del poder ejecutivo o, en determinados ordenamientos, al poder judicial.

2.1EL CONCEPTO DE REPRESENTACIÓN


El origen de la representación como institución de derecho se remonta a la República romana. Tal derecho podría ejercerse de dos maneras: en un primer lugar existía una representación legal, para aquellos que no eran capaces de valerse por si mismos, y una voluntaria, en la que alguien decidía delegar sus capacidades jurídicas en otra persona para la gestión de un asunto determinado. Esta figura legal es recuperada por los liberales para elegir a los representantes del pueblo, quienes mediante las elecciones eligen en quien quieren depositar sus derechos de participación política.
La representación se canaliza a través de un procedimiento de selección sencillo, en el que son elegidos aquellos que obtengan más apoyo, más votos. Una vez elegidos, los representantes del pueblo ejercen sus potestades en instancias que adquieren relevancia mediante un pacto explícito, “el proceso de representación supone una ficción jurídica que presume que la voluntad popular […] no es algo explícito, sino que es interpretada por el conjunto de representantes que deliberan y aprueban por el más amplio consenso posible” (Paoli, 2010; 166), y “se basa en el supuesto empírico de que la ley es capaz de juzgar y modelar la voluntad la praxis de la intencionalidad subjetiva de los ciudadanos” (Márquez-Fernández, 2013: 68). Por tanto, podemos concluir que la legitimidad de la democracia moderna consiste en la confianza que la ciudadanía le confiere a las instituciones de representación y a sus elaboraciones políticas.
El peligro de la representación fue advertido por Constant (1819: 20), quien consideraba que, si bajo las concepciones originales de la democracia todas las libertades individuales eran sacrificadas en pro del gobierno de la comunidad, con los sistemas representativos el pueblo se encuentra demasiado ocupado gestionando sus asuntos privados y no presta suficiente atención a la política. De esta forma, la representación puede constituirse en un método para ejercer coerción política de forma velada.

2.2 CRISIS DE LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA


Tras el fin de la II Guerra Mundial las comunidades comienzan a adoptar nuevos valores, de carácter postmaterialista, que priman ideales basados en la libertad para alcanzar la autorrealización personal y ponen un especial énfasis en los derechos de participación. De esta manera, en las sociedades contemporáneas aumentó el número de colectivos que no se sentían representados en el sistema político y cobraron fuerza movimientos como el feminismo, la lucha por los derechos civiles, la lucha por la educación pública… Este proceso se vio reforzado con la implementación de los derechos de segunda generación en las normativas de los sistemas democráticos, con una especial relevancia del derecho a la educación gratuita, el cual potenció esos deseos de autorrealización.
El fin de la concepción de los estados-nación como entes de pensamiento y cultura homogéneos se ha proyectado en una mayor fragmentación de la sociedad, que postula nuevos retos al sistema democrático. Tal crecimiento de las demandas sociales y las diversas direcciones en las que se proyectan no son capaces de ser asimiladas por los ordenamientos constitucionales, constituidos de forma rígida en un momento histórico en el que sus fundadores consideraban haber creado un sistema perfecto y que, por tanto, no sería necesario acometer reforma alguna (Casals Roma, 2012: 442).
Consecuentemente con este problema, se crea una visión del Estado como un ente de carácter opaco e inmovilista, que no parece que pueda tener capacidades para acontecer cambios reales en las dinámicas políticas. Los complejos mecanismos por los que transcurren las elaboraciones legales o los procesos judiciales, unidos a la tecnicidad de la que hacen gala -incomprensibles en excesivas ocasiones para el ciudadano medio-, ahondan en la misma cuestión, generando una imagen distorsionada del mundo de la política. Un mundo que, lejos de tener una dependencia constante del electorado, se entiende como ajeno a la esfera de su vida cotidiana.
La incomprensión de las normas de las que nos dotamos para enmarcar el orden social y administrativo se traslada al imaginario colectivo mediante una concepción que las posiciona moralmente como injustas. Tal es el ejemplo de las leyes electorales, las cuales son criticadas tras cada proceso electoral por su falta de proporcionalidad. Una crítica que esconde un desconocimiento de las posibilidades de gobernabilidad de cámaras legislativas absolutamente proporcionales.
Además, las democracias liberales han terminado convirtiéndose en democracias lideradas únicamente por partidos políticos, unos actores que también han sufrido un gran desgaste a lo largo de estos años. Hoy podemos hablar de una crisis de la partidocracia que tiene causas de índole muy diversa.
La progresiva difuminación de las dos grandes ideologías que habían ordenado los sistemas democráticos -conservadores y socialdemócratas- se ha interpretado como una oligarquización de las burocracias partidistas, quienes responden al interés de los poderes fácticos (Paoli, 2010; 166) independientemente del color del gobierno. Existen casos muy diversos que ejemplifican este paradigma, pero parece interesante estudiarlo a través del bipartidismo español. En este país se construyó un sistema de partidos caracterizado por la alternancia de dos formaciones en el gobierno, las cuales llegaban a acuerdos para acontecer los grandes cambios políticos, como la reforma laboral de 2012 o la reforma del artículo 135 de la Constitución.
Los partidos, además, han sabido adaptarse a las estructuras institucionales para sacar el máximo beneficio de ellas. Así, la información institucional ha pasado de ser comunicación transparente proveniente de la política, a un arma arrojadiza utilizada para desacreditar a los partidos rivales o maximizar beneficios propios. La misma dinámica corren las políticas públicas, basándonos en la teoría del ciclo electoral es sencillo comprobar como el gasto público crece de forma insólita a medida que se acercan los períodos electorales.
Su descrédito se termina de configurar atendiendo a dos criterios que los han puesto en entredicho de manera reciente. Por un lado, los métodos tradicionales de selección de candidatos y líderes; se encuentran demasiado controlados por las burocracias, las cuales priman líneas partidistas continuistas a la meritocracia de los candidatos. Por último, con especial relevancia en España, cabe resaltar el elevado número de tramas de corrupción que se articulan en torno a los partidos políticos y que abarcan casos en todos los niveles de la administración.
El poder de los partidos políticos es tal que terminan desdibujando el concepto de separación de poderes y las posibilidades de accountability reales que descansan en el modelo teórico. Las élites partidistas son quienes confeccionan las candidaturas al poder ejecutivo, legislativo e incluso en algunos casos al poder judicial, conformando una dinámica que puede estar controlado de forma absoluta si existe un partido hegemónico o un consenso entre los principales actores de gobierno.
El descrédito se ha fomentado con la consolidación del espacio público mediatizado; hoy la discusión política discurre por los medios de comunicación de masas, quienes tienen capacidades para fijar la agenda política y enmarcarla en el infotainment que rige la comunicación actual. Desde esta manera el perfil de los políticos que los partidos presentan en sus candidaturas ha necesitado adaptarse. Hoy se priorizan cuestiones de marketing electoral a verdaderos debates en términos ideológicos, reforzando la idea del acercamiento ideológico en torno a un consenso que mantiene el statu quo.
Por último, cabe destacar que la sociedad internacional también ha sufrido cambios a través de la globalización. Unos cambios que a su vez suponen nuevos retos a los que la democracia es incapaz de hacer frente, pues los estados carecen de capacidad normativa con la que contrarrestar el poder de las empresas multinacionales y el capital financiero internacional (Rodríguez, 2012: 671). Esta insuficiencia para enfrentarse a los poderes fácticos, unido a un repunte de las desigualdades sociales, termina por proyectar una imagen caricaturizada del poder del estado, incapaz de resolver las demandas ciudadanas.

2.3 RECUPERACIÓN Y EXPANSIÓN DE LA DEMOCRACIA


Teóricos contemporáneos han tratado de enfrentar esta problemática y descrédito de la política desde una recuperación de valores tradicionales democráticos y la inclusión de los conocidos como derechos de tercera generación. Esto es, una ampliación de la esfera política mediante el reconocimiento de nuevas demandas sociales y la apertura de vías de participación, que bien actualmente son inexistentes o se recogen en los ordenamientos jurídicos ligados a fórmulas que restringen de forma severa su utilización.
La recuperación de la democracia pasa por vertebrar una nueva conciencia en torno a la política que permita superar los problemas de desentendimiento respecto de la participación. Parece importante en este sentido resaltar el concepto de virtud cívica acuñado en la democracia ateniense, esto es, la idea de que el habitante de la polis debía ejercer sus derechos de participación de forma continuada y responsable como condición necesaria para la vida democrática. Esta idea se muestra de forma clara en la oración fúnebre de Pericles, donde Tucídides da una muestra de la plena importancia que la participación tenía en la época:
“Todos cuidan de igual modo de las cosas de la república que tocan al bien común, como de las suyas propias; y ocupados en sus negocios particulares, procuran estar enterados de los del bien común. Sólo nosotros juzgamos al que no se cuida de la república, no solamente por ciudadano ocioso y negligente, sino también por hombre inútil y sin provecho.” (Tucídides, s.f.: 114)
La concepción de identidad compartida y de búsqueda del bien común en la polis tuvo su traducción en unas instituciones concretas. El paradigma del modelo clásico fue la democracia ateniense, cuyo principal órgano era la asamblea, donde se reunían todos los ciudadanos y cuya labor consistía en ordenar los principales asuntos políticos. Debido a los problemas de viabilidad que conllevaba el elevado número de miembros del órgano, se apoyaba en otros entes y cargos que se encargaban de organizar los debates y ocupaban ciertas funciones delegadas por la asamblea, como el Comité de los Quinientos, el Comité de los 50 o los Magistrados (Held, 1991: 36-38).
La participación y confrontación directa de ideas en espacios donde todo el cuerpo posee voz y voto “contribuye a educar cívicamente al ciudadano, enseñándolo a conocer los problemas comunes y a pensar en términos públicos y de mutualidad” (Baños, 2006: 47). De esta forma se puede invertir el descrédito del modelo democrático, volviendo a hacer partícipe a la ciudadanía para que retome su labor de control del sistema político en beneficio de la comunidad.
Partiendo de este supuesto, podemos intuir que un aumento en la participación política generará dinámicas de mayor legitimidad del propio sistema, sus instituciones y sus normas, como consecuencia del sentimiento de integración política y las mayores posibilidades para condicionarla, tanto en términos propositivos, como de adopción o rechazo de elaboraciones concretas.
Así, la expansión de la democracia requiere de la creación de un nuevo espacio público, en el que se favorezca el debate político entre ciudadanos y actores de tipo colectivo, como movimientos sociales o asociaciones vecinales. Estas plataformas cuentan con grandes ventajas a la hora de formular políticas públicas, debido al capital político y la información acumulada fruto de la acción de los activistas de estas formaciones y sus debates colectivos.
Una profundización en el sistema democrático deberá responder a las cuestiones que han dado lugar a sus crisis. Los partidos deberán acometer reformas importantes mediante la mejora de la transparencia interna y el control del poder de sus cúpulas. Así mismo, los estados deberán mejorar su capacidad para hacer partícipe a la ciudadanía de la elaboración política abriendo esas nuevas vías de participación y de control de la actividad política y administrativa.
  1. LA DEMOCRACIA DIRECTA DE FINALES DEL SIGLO XX AL XXI


La crítica de los autores liberales a los sistemas participativos acerca de su viabilidad fue desde un primer momento muy certera; “las posibilidades de los sujetos para implicarse en el proceso de toma de decisiones se hallan en proporción inversa con relación al tamaño de población y a la dimensión del ámbito de actuación” (Alguacil, 2005). Y es algo evidente que la plena participación del demos en los asuntos de la vida pública es imposible cuando hablamos de organizaciones humanas de millones de personas, como los países actuales o incluso algunas ciudades.
Las teorías clásicas sobre la democracia de tipo participativo, muy inspiradas en la concepción de la voluntad general de Rousseau y desarrolladas posteriormente por el movimiento obrero, contenían como base una crítica al sistema de acumulación de riqueza, e incluso la revolución proletaria como medio único para el establecimiento de la plena democracia. En un período post-revolucionario, en el que el liberalismo político –entendido en el sentido del control contra los abusos cometidos desde el poder- es ampliamente respaldado por las sociedades occidentales, parece que estas teorías podrían quedar marginadas del juego político, no por falta de rigurosidad, si no por la evolución que las poblaciones y el propio sistema económico han acontecido. De esta manera, el número de conflictos crece en la sociedad a través del nacimiento de nuevas posiciones colectivas que se sienten excluidas o no representadas en el sistema político y legal. Y, por ende, generan una mayor fragmentación social en las luchas de emancipación, superándose la concepción de la explotación limitada al conflicto capital-trabajo.
A su vez, la deslocalización de la economía ha generado nuevos problemas que han afectado a todos estos nuevos grupos sociales, quienes no encuentran soluciones en unas instituciones que no han evolucionado al mismo ritmo que la globalización, dificultando enormemente el papel de búsqueda de la igualdad que la democracia ha tenido a lo largo de la historia (Subirats, 2005).
Pese a esta situación, la democracia de tipo directo aún puede jugar un papel importante en el terreno de la política. A lo largo de países de todo el mundo determinados gobiernos, o las comunidades mediante su propia autoorganización, han establecido mecanismos participativos que facilitan la canalización de las demandas populares. Estos mecanismos han posibilitado un desarrollo más sostenible y una adecuación de los recursos a las necesidades de la comunidad, generando la implicación de los ciudadanos como elementos activos y necesarios de la vida política.
Es precisamente en ese interés creciente por la política donde se encuentra para Macpherson (1977) la dificultad de implantación de un nuevo sistema político generalizado; la élite económica y, por tanto, la élite política, puede ver amenazados sus intereses y privilegios en caso de que la cooperación social derive en las predicciones realizadas por las teorías de la democracia obrera, a saber, la incrementación de la conciencia de clase y por ende la gestión de la sociedad por y para las capas populares. No obstante, existe otra dificultad al observar el problema desde la óptica contraria. Ante la ausencia de conciencia colectiva, el establecimiento de un sistema más directo de gestión democrático se convierte en un reto, puesto que será difícil hacer partícipe a la población de un modelo que requiere una implicación mayor que el actual.
Pese a esto, existe una grieta en la que profundizar en los derechos políticos de autogestión: la desafección generada por la globalización. Como consecuencia del cambiante orden mundial los estados-nación han perdido peso como actores políticos en la esfera internacional, algo que ha generado un mayor apego por las realidades locales y regionales (Borja, 2006). A su vez, la participación política se está desplazando cada vez más hacia movimientos sociales de carácter asambleario, en detrimento de los partidos políticos y sindicatos tradicionales (Macpherson, 1977), cuya imagen empeora de forma gradual, por su incapacidad de dar respuestas efectivas a las demandas sociales.
Este apartado tiene por objeto realizar un breve análisis de las estructuras y los instrumentos participativos que los sistemas políticos de inspiración liberal -que no han renunciado a la democracia representativa- han ido incluyendo en sus administraciones locales.

3.1 LAS NUEVAS ESTRUCTURAS POLÍTICAS


El objeto de la democracia de tipo participativo debe ser el de la profundización en la gestión colectiva de la sociedad, algo que no pasa únicamente por trasladar las votaciones al cuerpo electoral. Un modelo de este tipo debe preocuparse por la integración de las diversas posiciones existentes dentro de su seno, concienciando al conjunto del demos acerca de la necesidad de tomar una decisión u otra en nombre del bien común del colectivo y evitando así las simples votaciones por mayoría simple.
Esta idea conlleva la articulación del sistema político en torno a los localismos; si lo que se pretende es la búsqueda de unas estructuras que promuevan la integración de los colectivos subalternos y el consenso frente a la imposición, su configuración deberá ser diferente atendiendo a la composición social que comprendan. Sin embargo, un proyecto como este, choca de frente con la rigidez del derecho administrativo tradicional y dificulta la implantación de estos modelos.
El primer paso para avanzar hacia la participación es proceder a una nueva descentralización dentro de las propias administraciones locales. Esta nueva división de la política debe darse en tres ámbitos: la desconcentración político-administrativa de los recursos, la descentralización política de las competencias y la desburocratización del poder (Alguacil, 2005). De esta manera se procede a una nueva división de la ciudad en áreas con diferentes prioridades y con capacidad para llevar a cabo proyectos concretos que mejoren la calidad de vida en ese punto determinado del área urbano.
En este sentido resulta particularmente interesante la postura de Harnecker y Bartolomé (2015) inspirada en las prácticas puestas en marcha en Venezuela y Kerala, la cual propone la subdivisión del municipio en dos entidades inferiores: las áreas territoriales y las comunidades. La comunidad es el nivel más bajo, se refiere a pequeños conjuntos de manzanas, mientras que por área territorial podemos entender un espacio similar a un barrio o distrito actual. Ambas experiencias mencionadas merecen una breve contextualización, bajo el fin de entender mejor el desarrollo de las experiencias de participación popular.
La Planificación Popular en Kerala
Kerala es un estado indio formado por 32 millones de personas que, en 1996, fruto de reformas constitucionales y de una extensa tradición de lucha social, decidió trasladar el 40% de su presupuesto hacia las entidades locales, con el objetivo de poner en marcha programas de participación. Ese presupuesto debía dividirse aproximadamente en un 15% para el nivel provincial, encargado de la coordinación, otro 15% para el nivel comarcal, el cual proporcionaría los apoyos técnicos, y finalmente un 70% para el nivel local, el cual se encarga de diseñar los proyectos de forma asamblearia y de llevarlos a cabo (Pinto Berbel y Villasante, 2011; 37; Bartolomé y Harnecker, 2015; 52).
A través de la planificación participativa, el estado de Kerala mejoró la calidad de sus servicios públicos, incrementó la transparencia y disminuyó la corrupción, aumentó su productividad, creó cooperativas y estipuló los mercados locales, fomentó medidas de protección ambiental y garantizó la presencia de mujeres y de las castas más pobres en los procesos de elaboración política (Franke, 2007). Esto fue posible gracias a las políticas de concienciación del estado, gracias a las cuales la Campaña de Planificación Popular se vio reforzada por la presencia de un gran número de voluntarios que apoyaron el proceso con sus recursos económicos y su fuerza de trabajo. La consecuencia de esta experiencia ha sido la consecución de unos índices de desarrollo humano similares a los de los grandes estados-nación o de otros logros, como una tasa de alfabetización del 90%, que contrasta con el 50% de media que posee el país (Evans, 2006: 474).
Los Consejos Comunales Venezolanos
Fruto del progresivo debilitamiento del modelo neoliberal y la crisis de los partidos en Venezuela, en 1999 se promulga una nueva constitución que establece, entre otros principios, la democracia participativa y el estado social. La desconcentración del poder desde arriba hasta abajo responde a motivos ideológicos concretos: favorecer la cooptación de una clase social que hasta el momento había estado fuera del sistema y que, posteriormente, terminará nutriendo en gran parte las filas del movimiento bolivariano. Este proceso también generó beneficios en la ciudadanía, la cual continuó su proceso de construcción bajo un espíritu de solidaridad que se expresaba en las instancias participativas, cooperativas y empresas de producción social (González, 2013; 41). Con esta dinámica de reciprocidad, se pone de manifiesto que
“la relación ciudadanía/Estado se presenta como una dinámica social necesaria para la intervención y articulación de una ciudadanía consciente y con poder para actuar en la construcción de un proyecto de sociedad compartido, en una dinámica que busca el logro de la transformación social” (Colina y del Valle, 2014; 293).
La experiencia venezolana tiene como base las comunidades -grupos poblacionales, de diferente tamaño y composición, que habitan en un espacio determinado-, las cuales fueron coordinadas mediante la creación de Consejos Comunales. Tras la implantación de la constitución de 1999, la función de los consejos es la de la creación de planes con las demandas de las comunidades y de establecer ordenes de prioridades en base a las capacidades para dar soluciones y la necesidad de llevar a cabo esas actuaciones (Bartolomé y Harnecker, 2015; 39-40). La participación no se lleva cabo de la misma manera en todo el país, pero sin embargo si que puede destacarse como idea común la existencia de pequeñas áreas de trabajo específicas de las necesidades de cada comunidad, las cuales están representadas en el Consejo Comunal mediante una persona elegida por ellas mismas y que debe responder siempre de los intereses de esta.
Cada uno de los tres niveles de la administración contaría con dos instancias de participación: el Consejo de Planificación Participativa (CPP) y la Asamblea de Planificación Participativa (APP). El primer órgano estaría compuesto por consejeros y consejeras elegidos por delegación de entre los miembros más activos del espacio y sus líderes naturales, de tal forma que estimulen la participación del resto. La idea fundamental es que este cargo pueda ser sometido a revocatorio y se trate de figuras que mantengan un contacto constante con el cuerpo electoral. Ellos compondrán las funciones de tipo ejecutivo. Aquí es donde entra en juego el papel de la APP, un órgano deliberativo que permite la participación directa y cuya composición varía en función de su posición en la nueva división administrativa establecida. La función de este segundo órgano será la de la ratificación de los proyectos.

Fuente: elaboración propia.
Así, se constituye un sistema que combina la participación directa con la delegación, de tal modo que se puede hacer frente al reto de devolver la gestión política al cuerpo electoral y, a la vez, hacer frente a los problemas de viabilidad. El elemento clave de esta estructura es la revocabilidad de los cargos, mediante la cual una comunidad determinada puede destituir al consejero que se aleje de las funciones de vocero y tome decisiones alejadas del interés del grupo.
Esta estructura no puede suponer la desconexión con el ente municipal, ni la traslación exacta de los tres niveles a cualquier municipio. Parece más útil atender a la cantidad de población, la formación y distribución del núcleo urbano y su idiosincrasia para que cada municipio construya sus espacios participativos; la existencia de barrios con altas tasas de inmigración, barrios desconectados del centro urbano relacionados con actividades económicas concretas y cualquier otra particularidad debe ser tenida en cuenta para que el sistema participativo cumpla adecuadamente sus funciones.
El avance hacia un modelo democrático de este tipo debe suponer el aumento del protagonismo de un nuevo grupo de actores: las organizaciones sociales. Las asociaciones de vecinos, los movimientos sociales… como grupos de acción colectiva organizada pasan a ocupar un papel más relevante en el impulso de la política local, con el objetivo de evitar “que el Estado se hipertrofie por prácticas erradas como la de ser el promotor exclusivo de todas las iniciativas sociales” (Colina y del Valle, 2014; 298). La idea principal aquí es transformar su naturaleza, de grupo de presión a actor medianamente institucionalizado, aprovechando su posición privilegiada de conocimiento de la información y capacidad para elaborar políticas concretas.
Así mismo, es necesario la creación de un nuevo sistema que permita la fluidez de la información entre las estructuras clásicas municipales, las instancias participativas y los actores colectivos. Podemos destacar, entre otros, el proyecto llevado a cabo por el Ayuntamiento de Barcelona: decidim.barcelona. Para la corporación el objetivo esta plataforma digital es la elaboración del Plan de Acción Municipal y el Plan de Acción de Distrito dando voz a la ciudadanía y a los barrios, la recopilación de propuestas de estos y el fomento de una cultura de participación (Ajuntament de Barcelona, 2015; 4). Pese a la escasa trayectoria del nuevo plan, Peña López (2016) señala la existencia de tres beneficios sobre la participación en la ciudad: un aumento de la implicación individual, fruto del empoderamiento ciudadano; la formación de colectivos creados específicamente para actuar a través de las nuevas vías de decisión y que desaparecen una vez se adapta el proyecto; y un refuerzo de las organizaciones tradicionales.
En este sentido, algunas administraciones locales han comenzado a explorar esta vía mediante las experiencias de Open Data, un sistema de datos abiertos que el consultorio pone a disposición de la ciudadanía. Estas bases de datos pueden ser utilizadas por la ciudadanía y empresas locales para la creación de aplicaciones que faciliten el desenvolvimiento por el espacio. Este el caso del Ayuntamiento de Barcelona (2018), donde su portal de Open Data da cabida a aplicaciones que permiten conocer la oferta educativa o el nivel de tráfico por las calles de la ciudad. Sin embargo, se trata de proyectos aún en desarrollo, que no han terminado de instaurarse y de los que aún no se ha sacado mucho partido, debido en parte a la diversidad de maneras en las que las administraciones lo llevan cabo.
De igual manera, los municipios deberán contar con un elevado número de técnicos y expertos que den cobertura y asesoría de tipo económica, jurídica, social… a las administraciones y los ciudadanos. Estos espacios no deben limitarse a ofrecer un apoyo técnico a sus usuarios, sino que deben ser centros de dinamización de la vida cotidiana, mediante la formación ciudadana y la promoción de actividades de ocio y de tipo cultural. Acciones que revierten en el mejor funcionamiento del barrio, produciendo una mayor implicación y un descenso de actividades contrarias al interés del grupo, como el absentismo escolar o la proliferación de las drogas. Por tanto, lo esencial es conseguir una dinámica mediante la cual la ciudadanía se acerque a estos espacios para trabajar en el desarrollo social -como el caso de los jubilados en Kerala, donde ofrecen sus conocimientos a la comunidad- y la administración les ofrezca la formación y los conocimientos técnicos necesarios.

3.2 LAS HERRAMIENTAS PARTICIPATIVAS


Este apartado tiene por objeto hacer una revisión de los principales instrumentos de democracia directa que han sido empleados en el siglo XXI a través de algunas de sus más relevantes experiencias históricas. Hay que tener en cuenta que estos instrumentos han sido utilizados desde diversas posiciones políticas, buscando una participación consumerista o verdaderos espacios de deliberación (Colino et al. 2003, citado por Font, 2006: 167). Una implicación del primer tipo puede mejorar la imagen de la democracia, pero no variar sus dinámicas y sus productos, puesto que el votante solo es el decisor último y no participa del proceso de desarrollo programático. Sin embargo, el segundo modelo favorece la corresponsabilidad de toda la ciudadanía en la gestión de los asuntos colectivos, favoreciendo la asunción de conciencia cívica.

Asamblea abierta
Las asambleas abiertas son el principal mecanismo de la democracia directa, su origen y su instrumento más democrático. Su existencia dentro del marco estructural previamente establecido se corresponde con las anteriormente mencionadas Asambleas de Participación Participativa. En la actualidad su uso es frecuente en municipios de Nueva Inglaterra, en algunas ocasiones como mecanismo complementario en la toma de decisiones y en otros como el organismo central de elaboración política (Font, 2003; 24).
El potencial de una herramienta como esta reside en su capacidad deliberativa; permite la confrontación de posturas y supone un espacio ideal para el renacimiento de la comunicación política en términos clásicos, es decir, la búsqueda de la convicción desde el debate, la inclusión y la posibilidad de encontrar nuevas posiciones.
Esta herramienta permite articular en torno a ella los mecanismos de la democracia directa que veremos a continuación. Pero más allá de ser el espacio donde se desarrollan estas cuestiones, la asamblea abierta es especialmente relevante por su poder de recuperación de la virtud cívica. Es decir, dentro de la asamblea abierta se posibilita la confrontación directa de posturas y proyectos, favoreciendo el debate abierto y que aquellos grupos que se encuentren más marginados por el sistema institucional puedan tener una representación directa. Según Senserrich (2006), este último factor se debe esencialmente a la inexistencia de barreras de entrada; no es necesario pasar por los duros mecanismos internos de selección de candidatos de los partidos, ni es necesario tener la elevada cantidad de recursos económicos que hacen falta para afrontar un proceso electoral.
El sistema asambleario no está exento de problemas y es que es muy difícil mantener la atención y la participación de la ciudadanía en la gestión de asuntos colectivos menores. Aunque a priori sí que pueda haber un interés, los debates en temas como la remunicipalización o privatización de servicios públicos pueden terminar centrándose en grandes discusiones en términos económicos e ideológicos, que pueden cavar minando el interés del ciudadano medio. Parece obvio que la complejidad de nuestras sociedades las hace incompatibles con un modelo autogestionado, aunque ello no sea argumento suficiente para negar la conveniencia de la existencia de estas asambleas.
Otros problemas derivados de este modelo podemos encontrarlos en el modelo suizo. Si bien con la práctica se ha terminado por primar y fortalecer el consenso frente a otras formas de decisión, algo positivo dentro de este modelo, las decisiones tomadas cada vez son menores y aquellas que sí se aprueban tienen poca relevancia y pecan de ser excesivamente cortoplacistas (Beltrán, 2013: 213). Con la dinámica que se ha constituido, dirigida a evitar el abuso de mecanismos directos de participación que terminen por imposibilitar la gobernabilidad, se ha ido forjando un pacto de carácter tácito que imprime un sesgo conservador, incapaz de tomar grandes decisiones y que puede terminar por alejar a la democracia participativa de sus objetivos iniciales.
Un sistema organizado en torno a asambleas abiertas, donde cada grupo tome sus decisiones sin tener en cuenta al contrario se vuelve altamente fragmentado, pues es incapaz de tener en cuenta el interés general (Sartori, 1998; 6). Por ello es necesario combinar estos elementos con la representación en espacios comunes que permitan dialogar las propuestas y amoldarlas al interés de toda la comunidad.

Refrendos e iniciativas
La ciudadanía dispone de un grupo variado de instrumentos con los que puede influir y determinar la política de forma directa, como formas de presionar al poder político para que haga o deje de hacer algo, así como aprobar o rechazar sus decisiones.
De entre todos estos instrumentos el referéndum es el que más recorrido histórico posee. En 1979 este método es utilizado para aprobar mediante votación popular la primera de las constituciones del período revolucionario francés, siendo un elemento incluido en las demandas de Sans Culottes y jacobinos como consecuencia de la inspiración rousseauniana existente en sus conceptos de democracia y voluntad popular.
El referéndum tiene dos efectos sobre el sistema político. En un primer lugar, sirve para otorgar legitimidad a las leyes y normativas que emanan del sistema político, pues el hecho de someter normas elaboradas a la decisión del cuerpo electoral al completo, acerca a la ciudadanía a la gestión de estas. Por otro, suponen un medio de control sobre los mismos representantes; permite conocer cuándo las acciones de estos se desconectan de la voluntad general.
Sin embargo, esta herramienta no carece de inconvenientes. Dienel (2000, citado por Ramírez, 2009: 140) considera la existencia de seis límites de los refrendos: 1º) la elección entre “sí” o “no”, dificulta las cuestiones a tratar y se vuelve prácticamente imposible para aquellos casos que comprendan cuestiones complejas; 2º) la participación en referéndum suele ser baja; 3º) los ciudadanos no participan realmente de la elaboración política, pues solo emiten un voto en un momento determinado; 4º) el cuerpo electoral no suele estar suficientemente informado acerca de las cuestiones sobre las que decide; 5º) son procesos que pueden ser manipulados por cuestiones demagógicas y emocionales por determinados grupos; y 6º) es un procedimiento muy costoso para los efectos sociales que produce, especialmente si sus resultados no son vinculantes.
La utilización continua del referéndum puede transformar el sistema político, de la democracia participativa a la democracia de referéndum (Sartori, 1988; 155-162), en la que se abandone la idea de individuos interrelacionados que organizan la sociedad, para dar cabida a una masa de individuos aislados que deciden en función de sus intereses personales. Podemos concluir que, aunque el referéndum se constituye como una herramienta útil y permite la participación directa, su uso se aleja de la idea de recuperación de una ciudadanía activa en la vida pública y que permita la mejora del conjunto, puesto que el enfrentarse a una repuesta dicotómica acerca de una norma tenderá a favorecer los intereses de la mayoría. Además, la escasa participación de la que suelen hacer gala dificulta su papel como legitimador de las leyes y controlar de la actividad de los políticos. Esta dinámica puede invertirse cuando se ejerce desde abajo arriba y no se trata de una simple desconcentración en la toma de una decisión política, pasando a recuperar parte de su potencial de control sobre el poder legislativo.
Los refrendos tienen una variante -que sigue los mismos procedimientos- referida al sometimiento a la voluntad popular de decisiones de carácter político: el plebiscito. Un ejemplo claro de plebiscito lo podemos encontrar en el año 2004 en Bolivia, cuando el cuerpo electoral decidió nacionalizar las reservas de gas del país. En lugar de aprobar o rechazar una ley, se da apoyo o no a una política del gobierno.
Otro de los instrumentos más utilizados es el revocatorio de los cargos públicos. Guarda una relación directa con el plebiscito, en la medida en que sirve para mantener o retirar la confianza en la política, con la diferencia de que esta vez se trata de un político en concreto. Esta herramienta, que se encuentra en los ordenamientos constitucionales de países de orientaciones muy diversas, sirve para transformar al representante en un verdadero vocero del colectivo al que represente. Así, se supera la original separación existente entre los poderes ejecutivo y legislativo y el cuerpo electoral.
Los revocatorios que pueden ser extremadamente útiles en sistemas presidencialistas o sistemas electorales de circunscripción unipersonal -donde hay una relación directa entre el cargo público y sus electores- no parece tan útiles para modelos políticos con circunscripciones pluripersonales. La utilización reiterada del revocatorio podría terminar sirviendo a determinados grupos políticos para cambiar la composición institucional que había sido expresada mediante las elecciones.
En ciertos ordenamientos jurídicos se establece un mecanismo que somete al control popular al tercer poder, el judicial. Este tipo de mecanismo se conoce como apelación de la sentencia y es utilizado para aprobar o desaprobar sentencias que declaren la inconstitucionalidad de una ley o para aquellas que habilitan una situación jurídica que había sido bloqueada por una instancia judicial inferior (Ramírez, 2009: 161). Sin embargo, este mecanismo no parece muy útil en el nivel local, puesto que las administraciones municipales suelen carecer de poder judicial.
Para que todas estas medidas puedan tener un verdadero carácter participativo deberán estar vinculadas con la iniciativa popular. Es decir, que será necesario que la ciudadanía pueda impulsar la activación de todos los mecanismos y que no se limiten a ciertas cuestiones en las que las administraciones desconcentren su gestión, sometiéndola a los designios del electorado. La iniciativa popular puede ser canalizada por los sistemas de asambleas abiertas o mediante la recogida de un número de apoyos concretos establecidos por ley.
Además, tiene otra vertiente que va más allá de activar los mecanismos de control del sistema político; tiene la capacidad de proponer. Es lo que se conoce como Iniciativa Legislativa Popular, mediante la cual el pueblo puede promover proyectos normativos que serán aprobados por la administración a la que vayan destinados o sometidos a referéndum.

Presupuestos participativos
La herramienta del presupuesto participativo ha supuesto uno de los mayores avances en la práctica democrática presente. Su origen se remonta a la ciudad brasileña de Porto Alegre en el año 1989, cuando el Partido de los Trabajadores fomentó esta herramienta como forma de empoderamiento de las clases subalternas. Esta técnica contiene un alto potencial redistributivo -como cada uno de los avances en la democracia que han acontecido a lo largo de la historia-, de construcción de ciudadanía que hasta el momento no había tenido protagonismo en la esfera pública y de fomento de los mecanismos de consenso (de Souza, 2003). El hecho de deslocalizar la gestión y crear espacios donde cada grupo social y territorial del ente municipal discutan acerca de la conveniencia de llevar a cabo unos proyectos u otros supone en la práctica una mejora de la conciencia acerca de otros colectivos y sus necesidades, fortaleciéndose los intereses de los colectivos más subalternos.
Esto no quiere decir que el hecho de poner partidas presupuestarias disponibles para la gestión directa por la ciudadanía suponga una revolución socialista, ni el fin de las clases sociales en términos marxistas. Pero como demuestra su práctica, se ha constituido como un mecanismo que disminuye las diferencias que los modelos de centro-periferia que instauran en el interior de las ciudades. Una idea que entronca directamente con el derecho a la ciudad, es decir, volver a construir las ciudades para el uso y disfrute de la ciudadanía y no dejarlas abandonadas a los designios del mercado, los cuales mediante la gentrificación y la especulación han terminado por crear círculos de miseria en las periferias.
El hecho de poner la economía a disposición de la ciudadanía para su gestión directa tiene un importante componente positivo, y es que permite hacer frente a uno de los problemas a los que se enfrentan los estados modernos: la corrupción. Si bien este tipo de fiscalización de las cuentas públicas es parcial, pues los presupuestos participativos no conforman el total del presupuesto municipal, sirve para que el demos vuelva a ejercer control sobre sus asuntos y mejore la confianza en el gobierno municipal, pues es partícipe de la gestión.
La elaboración del presupuesto no supone un proceso totalmente asambleario. Aunque la existencia de la asamblea es necesaria para desarrollar el papel de fortalecimiento ciudadano, y obtener mejores resultados globales mediante la confrontación de propuestas que se retroalimenten,
“el presupuesto participativo necesita de la democracia representativa para organizar el desarrollo de las asambleas y de todo el proceso de decisión. También, para ejecutar las decisiones que salen de ellas así como para informar de los resultados y rendir cuentas” (Bou Geli y Virgili Bonet, 2008; 4).
El presupuesto participativo se realizará anualmente para determinar qué proyectos deben ser elegidos de entre todos los propuestos. Su desarrollo habitual consta de cinco fases (Ramírez, 2009: 169-170): 1ª) el gobierno municipal establece un porcentaje de su presupuesto, normalmente entre un 25% y un 50%; 2ª) los vecinos se reúnen en las instancias participativas más bajas para elaborar informes sobre sus necesidades; 3ª) los equipos de técnicos que habían sido explicados antes, junto con representantes del gobierno local, estudian la viabilidad de los proyectos y presupuestan los costes; 4ª) existen dos posibilidades: que el gobierno decida que proyectos son más urgentes, o que se vuelvan a enviar a las asambleas y estas decidan; 5ª) el siguiente año las cuentas serán públicas y la ciudadanía procederá a la ya mencionada fiscalización del gasto público.
En lo referente a la 4ª fase, la segunda opción parece que entronca mucho mejor con el modelo desarrollado, puesto que el primer supuesto solo permite la canalización de demandas populares en vía ascendente hacia la institución, pero no abre las puertas de la gestión por el colectivo de los recursos.

Gobierno abierto digital
El gobierno abierto constituye una filosofía político-administrativa, -basada en la transparencia, la democracia participativa, el empoderamiento ciudadano, el open data y la creación plataformas que promueven la colaboración- que busca la elaboración de políticas públicas y la modernización de la administración pública, colocando al ciudadano como elemento principal del sistema (Cruz Rubio, 2014; 51). Estas prácticas han encontrado un gran acomodo con la evolución de las tecnologías y el establecimiento de internet. Así, según Ramírez Alujas (2013) el gobierno abierto se ha ido desarrollando en torno a dos pilares: la apertura de datos públicos y la apertura de procesos para la participación ciudadana.
El principal potencial hoy de las estrategias de gobierno abierto discurre a través de internet para ambos ejes. En un primer lugar los proyectos de open data, que van más allá de la simple transparencia en la gestión y ponen a disposición pública datos en formatos reutilizables, fácilmente aprovechables por la ciudadanía para la puesta en marcha de proyectos u aplicaciones digitales (Conejero Paz, 2013). La apertura de nuevas instancias de participación adaptadas a las nuevas tecnologías requiere de la creación de plataformas de debate y votación como decicim.barcelona o el aprovechamiento de alguna ya existente como Reddit (Peña López, 2016), aunque su efectividad aumentará si se reutiliza alguna de las plataformas a las que la ciudadanía le esté dando uso de forma previa (de los Ríos, 2013).
Sin embargo, la participación mediante esta vía no está exenta de límites e inconvenientes. En numerosas ocasiones la información es excesiva y de poca calidad, dificultando la toma de decisiones, ligado a la existencia de una brecha digital en la sociedad y a la pérdida del potencial deliberativo que puede suponer actuar a través de plataformas digitales (Martínez Rodríguez, 2011), donde el debate se vuelve más complicado y superfluo, terminan por generar numerosas desigualdades y no integrar al conjunto del cuerpo electoral en el gobierno electrónico.
La implantación de herramientas de participación electrónica requiere a su vez de una alfabetización digital de la población y la facilitación de los medios para acceder a ellas por parte de las instituciones públicas, puesto que:
“cuestiones como la edad de los ciudadanos, su nivel educativo, su sexo o, sencillamente el lugar en el que residen, influyen sensiblemente en sus oportunidades de usar las TIC. Es así, que las fuentes de desigualdad clásicas (la educación, los recursos económicos, el lugar de nacimiento o residencia) se trasladan al ámbito digital para determinar qué ciudadano está o no en condiciones de ser usuario de Internet” (Robles, 2010; 14).
Estos factores hacen que, aunque las nuevas tecnologías de la información y la comunicación supongan el mayor avance reciente en los derechos democráticos, por la facilidad que contemplan tanto para ser instauradas como para ser utilizadas de forma masiva, su aplicación deba producirse de forma gradual. Hoy en día la democracia electrónica encuentra un importante sesgo en sus posibilidades de participación por parte de determinados colectivos, un supuesto que contrarresta el potencial integrador que se busca a través de los mecanismos participativos.  

  1. ESTUDIO DE CASO: LA PARTICIPACIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID


La crisis de la democracia representativa en España tuvo su reflejo en el nacimiento, en 2011, del movimiento 15M. Este movimiento social se caracterizó por promover la democracia de tipo directo y la recuperación de la ciudadanía como institución central del sistema político bajo los lemas “no nos representan” y “no somos mercancía en manos de políticos y banqueros”. A través del 15M se fue instaurando un proceso en el que la ciudadanía española pasó de una indignación generalizada “a la auto-organización, deliberación, pensamiento colectivo y aprendizaje” (Carrasco Campos y Martín Gutiérrez, 2016; 3222).
Este proceso fue madurando e influenciando al sistema político, desembocando en la creación de numerosas candidaturas municipalistas en las elecciones de 2015 (Carmona Pascual, 2016). Estas candidaturas, rechazando la etiqueta de partidos, se presentaron a la ciudadanía como herramientas ciudadanas, cuyo objetivo era luchar por el establecimiento de la nueva política, intentando trasladar los consensos generados en torno al 15M al sistema institucional.
Estas candidaturas terminaron gobernando en numerosas ciudades a lo largo del Estado, en parte debido a su capacidad de hacer partícipe a la ciudadanía de la propia construcción de la organización, propiciando debates abiertos en los que convergían militantes de partidos con activistas de diversos movimientos sociales y del movimiento vecinal. El caso analizado gira en torno a la candidatura de la capital, Ahora Madrid. Pablo Carmona (2016; 34), uno de sus concejales, se refería a la candidatura indicando que:
“desde el comienzo, Ahora Madrid no quiso ser un partido, sino un puente donde el movimiento municipalista, esto es, todas aquellas realidades que se reconocían de alguna manera en nuestro programa político fuesen un actor central, capaz de servir a la vez de soporte y de contraparte, contrapeso y contrapoder a la candidatura”.
Esto fue posible articulando mecanismos de democracia directa en los que la ciudadanía madrileña pudiese decidir el porvenir de la organización. Para ello se habilitó una plataforma online en la que se pudieron hacer propuestas al programa y debatir entre ellas (Ahora Madrid, n.d.). A su vez, se elaboró un proceso de primarias abiertas donde cada inscrito disponía de un total de treinta votos que podía repartir entre los miembros de las diferentes candidaturas o a aquellos que se postulasen a concejal a título individual (Ahora Madrid, 2015a).

4.1 LA PARTICIPACIÓN MUNICIPAL EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA


Desde el acceso a los consistorios, uno de los primeros problemas con los que se encuentran Ahora Madrid, y el resto de candidaturas municipalistas de su entorno, es la escasa autonomía local. El ordenamiento jurídico español ha considerado tradicionalmente al municipio como un obstáculo para el impulso de políticas de Estado, en concreto Madrid pese a reducir su deuda de forma considerable se ha encontrado con la Ley de Racionalidad y Sostenibilidad Local y la Ley de Estabilidad (Carmona Pascual, 2016; 31-32), las cuales han impedido al equipo de gobierno llevar a cabo todos sus proyectos e incluso han supuesto la destitución del concejal de economía. Esto da cuenta de que los proyectos políticos del nuevo municipalismo suponían una utopía, pues no entroncaban con una legislación que son incapaces de cambiar desde el nivel administrativo que ocupan.
La participación en las administraciones locales se encuentra regulada en distintos niveles. Atendiendo a la jerarquía de la normativa española analizaré las normativas estatales, las autonómicas y finalmente las locales, con el fin de obtener una muestra de las posibilidades que plantea nuestro sistema institucional a la hora de implementar un modelo más participativo de democracia.

Normativa estatal
La Constitución Española de 1978 contiene una pequeña referencia hacia los gobiernos participativos en la administración local en su artículo 140. Dicho artículo establece la existencia de concejos abiertos, cuyas características deberán ser desarrolladas por una ley posterior. Dicha regulación se encuentra en la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local. En su artículo 29.3 se establece que:
“En el régimen de Concejo Abierto, el gobierno y la administración municipales corresponden a un Alcalde y una asamblea vecinal de la que forman parte todos los electores. Ajustan su funcionamiento a los usos, costumbres y tradiciones locales y, en su defecto, a lo establecido en esta Ley y las leyes de las Comunidades Autónomas sobre régimen local”.
Podrán funcionar bajo este régimen de democracia participativa municipios que tradicionalmente cuenten con este régimen de gobierno y aquellos que atendiendo a sus particularidades lo hagan aconsejable. La regulación de las asambleas se encuentra en el artículo 111 del Real Decreto 2568/1986. En él se establece que las asambleas se convocarán, al menos, una vez al trimestre, siendo necesaria la asistencia de al menos un tercio de los vecinos.
Los municipios también podrán convocar consultas populares, así lo establece el artículo 18.1.f de la Ley 7/1985. Sin embargo, estas consultas, según lo dispuesto en la Disposición Adicional de la Ley Orgánica 2/1980, deberán ser autorizadas por el Estado. Así mismo, la Ley 7/1985, en el artículo 18.1.h, reconoce la capacidad de la iniciativa popular municipal, siendo necesario el apoyo del 20% del censo en municipios de hasta 5.000 habitantes, el 15% en municipios que tengan entre 5.001 y 20.000 habitantes y el 10% para aquellos que superen los 20.001.
Finalmente existen otras dos formas de participación, más allá de lo electoral, en la Ley 7/1985. El artículo 128 prevé la desconcentración de las grandes ciudades en distritos -cuyo objetivo será promover la participación ciudadana- que contarán con un porcentaje del presupuesto y serán presididos por un concejal. Y por último aparece el Consejo Social, regulado en el artículo 131, el cual constituye un foro de reunión entre representantes de las organizaciones económicas, sociales, profesionales y vecinales.
Normativa autonómica
Determinadas normativas autonómicas, como la catalana, la andaluza o la aragonesa han desarrollado de forma amplia el derecho de refrendo e iniciativa municipal en sus correspondientes estatutos de autonomía (Ramírez Nárdiz, 2009; 474-471). Sin embargo, este no es el caso de Madrid. Aunque el estatuto de autonomía de dicha comunidad sí contempla, en el artículo 15.2, que las iniciativas legislativas populares y de los Ayuntamientos podrán ser reguladas por una ley posterior, siempre y cuando se limiten a las potestades recogidas en el artículo 26 del Estatuto.
Tres años después se promulga la Ley 6/1986, de 25 de junio, de Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, la ley no ofrece ningún mecanismo de participación popular, y la iniciativa queda enmarcada a lo decidido por la mayoría absoluta del pleno.
Sí existe un mayor desarrollo de la participación en los entes locales en la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid. Su artículo 22 faculta a los Municipios para llevar a cabo las acciones necesarias para publicitar las sesiones plenarias, con el objetivo de “fomentar la participación de los vecinos en el gobierno y la administración local”. El artículo 24 considera a las asociaciones vecinales como mecanismos de participación, para lo que previamente deberán estar incluidas en el Registro de Asociaciones Vecinales del Municipio. Se prevé que aquellos ayuntamientos que dispongan de recursos suficientes puedan facilitar parte de estos a las asociaciones de vecinos para el ejercicio de sus funciones. Su artículo 25 regula las consultas populares de acuerdo con lo establecido en la ya estudiada Ley 7/1985, es decir, la necesaria aprobación por parte del Estado. A su vez, el artículo 34 indica que, en aquellos municipios con una población superior a 20.000 habitantes, se podrán crear órganos colegiados integrados por vecinos y miembros de la Corporación, con el objetivo de desconcentrar la gestión y fomentar la participación.
Por último, la Ley 3/2003 en los artículos que van del 35 al 39, también hace una regulación del concejo abierto. Se implantará en aquellos municipios de menos de 100 habitantes, que tradicionalmente cuenten con este régimen, o aquellos que atendiendo a sus particularidades lo hagan aconsejable. Su regulación y funcionamiento no difiere de la normativa estatal, esto es, un alcalde y una asamblea de vecinos que deciden acerca de sus ordenamientos políticos.

Normativa local
El Reglamento de Participación Ciudadana de la ciudad de Madrid se publica en el año 2004, pero ha sido modificado por el Pleno Municipal el 24 de abril de 2018. A fin de poder comprender las actuaciones del equipo de gobierno de Ahora Madrid se desarrollarán los procesos participativos recogidos en el reglamento de 2004 y finalmente resumiré las novedades que introduce la modificación, con el objeto de comprobar si estas se corresponden con los objetivos iniciales de las candidaturas municipalistas de 2015.
El Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid regula la participación por diferentes vías, que veremos a continuación. Son de especial relevancia para este trabajo los capítulos III, IV y V del Título II y el Título V, aunque también existen otros preceptos importantes en el capítulo II del Título III y en el Título IV.
El capítulo III del Título IV establece vías para que los vecinos y las asociaciones de vecinos puedan participar en los órganos de gobierno – Juntas Municipales de Distrito, Pleno del Distrito, Pleno de la Junta Municipal de Distrito y Pleno del Ayuntamiento- para las cuales podrán formular peticiones de inclusión de puntos en el orden del día, intervenir en asuntos de especial relevancia o participar al final de la sesión en el punto de ruegos y preguntas.
Dentro del mismo título, en los capítulos IV y V se regulan el derecho de iniciativa y propuesta ciudadana y el derecho a la consulta ciudadana respectivamente. Las iniciativas deberán contar con el apoyo de al menos un 10% de los vecinos y serán sometidas a informes de expertos, para posteriormente ser aprobadas o denegadas por el Pleno del Ayuntamiento. También se establece que, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 7/1985 y la Ley 2/2003 de la Comunidad de Madrid, por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento se podrán someter a consulta popular local asuntos con especial trascendencia para los vecinos.
El Título V prevé la creación de mecanismos participativos en la ciudad, los distritos o los barrios, que permitan a la entidad municipal mejorar el conocimiento y las necesidades de esas zonas, con el objetivo de llevar a cabo políticas públicas de una forma más eficiente. Para canalizar esas demandas se contemplan las siguientes técnicas: consejos y foros temático, que podrán ser permanentes o temporales y estarán formados por expertos o por vecinos; paneles ciudadanos; y encuestas deliberativas.
Por último, cabe resaltar el Capítulo II del Título III, el cual indica que el Ayuntamiento debe fomentar el asociacionismo -pues es demuestra el compromiso de los ciudadanos con la mejora de la ciudad-, y el Título IV, que regula la participación vecinal en los Consejos Territoriales, los Consejos Sectoriales y el Consejo Director de la Ciudad. Esta idea de la participación descentralizada será desarrollada a fondo en el siguiente epígrafe.
Tras una propuesta proveniente del Consejo de Asociaciones, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid aprobó una modificación de su reglamento de participación, previa consulta ciudadana (Ayuntamiento de Madrid, 2018b). El objetivo de la reforma es dar cauce a nuevos actores que antes no estaban reconocidos en el reglamento. Así, con esta reforma no solo se da voz a las asociaciones vecinales y las diferentes uniones existentes entre ellas, si no que ahora pasan a tener voz propia las fundaciones y otros colectivos con o sin personalidad jurídica. Todo este conjunto de actores colectivos tendrá el derecho a recibir información de la institución, utilizar espacios públicos y participar en espacios deliberativos organizados por la administración. Por último, se introduce una declaración de interés público para:
“actividades y proyectos concretos que tengan por objeto promover el interés general y se trate de iniciativas o proyectos de carácter cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, de promoción de los derechos humanos, etc.; que resulte de interés público y social para la ciudadanía de Madrid, conforme a criterios cuantitativos y cualitativos y que se garantice, por parte de la entidad o colectivo promotor, que para el desarrollo de la iniciativa o proyecto se cuenta con los medios personales y materiales adecuados” (Ayuntamiento de Madrid, 2018b).
Puede comprobarse así un mayor interés por parte del Consistorio en estar en contacto con la realidad social, dando mayor importancia a las demandas ciudadanas y ampliando el número de colectivos con derecho de participación en la gestión de los asuntos municipales.

4.2 ESTRUCTURA MUNICIPAL


El Ayuntamiento de Madrid se subdivide en distritos, cuyo gobierno corresponde a la Junta Municipal de Distrito. A su vez, comprende tres tipos de órganos que buscan la canalización de las demandas ciudadanas. Dichas instancias, conforme a lo dispuesto en el Reglamento Orgánico de Participación, se constituyen como órganos de participación. A continuación, serán explicados los mecanismos participativos contenidos en cada una de estas instancias, desde su nivel más bajo.
El primer organismo por analizar son los Consejos Territoriales de Distrito, regulados en el Capítulo I del Título IV del Reglamento. Estos consejos constituyen una vía de participación, consulta, información o propuesta, y buscan promover una reflexión conjunta entre la ciudadanía, las asociaciones y las autoridades municipales (art. 54). El Presidente será el concejal del distrito, pero tienen cabida representantes de colectivos no institucionales: entidades ciudadanas, asociaciones de vecinos, de padres y madres de alumnos, de casas regionales, de vecinos y comerciantes, juveniles, consejos de infancia y adolescencia, deportivas, culturales, de mujeres, de mayores, de carácter social, medioambientales y vecinos elegidos de forma aleatoria (art. 55). Su objetivo es recabar propuestas de mejora del funcionamiento de los servicios, trasladar al Ayuntamiento los problemas que acontecen en su ámbito territorial y promover la participación tanto a nivel individual como colectivo.
El Capítulo II regula los Consejos Sectoriales, establecidos como órganos de participación de carácter consultivo. Se refieren a grandes áreas de actuación, por lo que estarán presididas por el Concejal de Gobierno responsable del campo correspondiente. Dentro de ellos se da cabida a representantes de las federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones con actuación en ese ámbito (art. 62). Prestan asesoramiento al Ayuntamiento, elaboran propuestas propias de su área de actuación y promueven la participación y el asociacionismo (art. 64).
Finalmente aparece el Consejo Director de la Ciudad, en el Capítulo III. Se trata del órgano consultivo del gobierno de la ciudad. Su función es la emisión de informes y propuestas en materia económica, de planificación estratégica de la ciudad y de grandes proyectos urbanos. Atendiendo al Reglamento que regula su funcionamiento podemos ver que este órgano permite la implicación de representantes sindicales, de la patronal, de asociaciones vecinales, de colegios profesionales, de la Cámara de Comercio, de la Asociación de Prensa y representantes sectoriales entre asociaciones que promuevan materias como la ordenación del territorio, vivienda, urbanismo, exclusión social, medio ambiente, democracia local y otros temas de relevancia para el funcionamiento del municipio (art. 5).
Las Juntas Municipales de Distrito son órganos que permiten al Ayuntamiento una gestión más desconcentrada del municipio. Estas juntas recaban competencias de índole muy diversa, tales como servicios sociales, cultura, urbanismo, medio ambiente…, que se encuentran recogidas en el artículo 3 del Reglamento Orgánico de los Distritos de la Ciudad de Madrid. Sin embargo, su composición dista de transcurrir por procedimientos democráticos abiertos, ya que el nombramiento de sus miembros lo realiza el alcalde a propuesta de los grupos políticos, atendiendo a su representación en el Pleno del Ayuntamiento (art. 7).
La candidatura de Ahora Madrid es consecuente con su objetivo de democratizar la ciudad y considera que es necesaria la apertura de la participación en los distritos, sin embargo, la realización de unas elecciones en estos órganos requeriría de la modificación de su reglamento, algo para lo que la formación aún no estaba preparada en 2015, pues no hay que olvidar que se trata de un gobierno en minoría. Como alternativa, vuelven a ofrecerse como herramienta ciudadana y establecen primarias abiertas para seleccionar a sus candidatos en las Juntas de Distrito entre todas aquellas personas que se hubiesen adherido a sus principios políticos (Ahora Madrid, 2015b).

4.3 HERRAMIENTAS PARTICIPATIVAS EN LA CIUDAD DE MADRID


La participación ciudadana en el Ayuntamiento de Madrid se ha canalizado de manera principal no en las subdivisiones administrativas, si no a través de su herramienta de gobierno abierto digital. A través de la plataforma Decide Madrid, creada en 2015, se han abierto procesos de debate, propuesta, presupuestos participativos, audiencia pública y consultas ciudadanas (Ayto. Madrid, 2017). Esta web, que ha sido creada utilizando software libre -intentando de esta manera combinar el modelo democrático de gestión, con un modelo democrático de programación (Carrasco Campos y Martín Gutiérrez, 2016; 3219)- ya ha sido puesta a disposición de otras administraciones públicas de forma gratuita, siendo utilizada por algunas fuera de España (Belver, 2017). El portal ha supuesto un éxito en el modelo de gestión más directa y transparente de la ciudadanía, y por ello se ha visto galardonado en 2018 con el premio al mejor servicio público de la ONU (Constantini, 2018).
De esta forma Decide Madrid ha venido a sustituir el papel clásico que las asambleas abiertas han jugado en las democracias participativas, conformando un nuevo espacio público digital a través del cual discurre la discusión sobre el estado de la ciudad. Esto ha sido posible gracias a la construcción de una plataforma virtual que trasciende la participación de tipo consumerista -para permitir a la ciudadanía la apertura de debates y reflexiones en torno a las propuestas- complementando la e-democracia con votaciones presenciales y vía correo ordinario.
La primera función de Madrid Decide es ofrecer un “foro de discusión colaborativa” (Iglesias, Barbeito y Taylor, 2016; 623) en el que la ciudadanía, el personal del ayuntamiento y los propios concejales pueden aportar opiniones. Esta herramienta faculta a los inscritos para interpelar directamente a los concejales (Ayto. Madrid, 2017), aunque no abre directamente ningún proceso de decisión.





Sin embargo, a través del portal sí pueden darse procesos de propuesta y votación ciudadana. El Ayuntamiento promulgó en 2016 un documento bajo el título Directrices para el ejercicio de propuesta, en el que regula estos procesos, estableciendo 4 fases: 1ª presentación de propuestas de actuación, a través del portal o presencialmente en las Oficinas de Atención a la Ciudadanía; 2ª apoyo de la propuesta, las iniciativas estarán expuestas durante un año y se exigirá el apoyo de al menos el 1% de los mayores de 16 años inscritos en el padrón municipal; 3ª informe, los técnicos municipales valoraran la viabilidad de la propuesta y si esta se ajusta a las competencias municipales y a la legalidad; 4ª transformación de la propuesta en iniciativa municipal, aquellos proyectos que cuenten con un informe técnico favorable serán trasladados al Pleno y debatidos para su aprobación o denegación.

Hasta el año 2017 este mecanismo ha sido utilizado para la aprobación de las iniciativas Madrid 100% Sostenible y Billete Único, que terminaron con una participación de un total de 211.725 y 205.536 votos respectivamente (Diario de Madrid, 2017). El porcentaje puede parecer bajo si se tiene en cuenta que el censo que se maneja es de 2.706.401 empadronados, pero supone un aumento exponencial de la implicación de la ciudadanía; “entre los años 2004 a 2015 se realizaron 21 consulta no directas, cuya participación en cada una de ellas no superaba los 6.000 participantes” (Ayto. Madrid, 2017).
Madrid Decide contiene otro mecanismo llamado Audiencia Pública, que permite a la ciudadanía debatir propuestas con el Ayuntamiento. Este mecanismo incluye dos vertientes, las audiencias públicas simplificadas -utilizadas en decisiones simples, donde la corporación hace una propuesta y la ciudadanía se limita a votar, como la remodelación de Gran Vía- y audiencias públicas basadas en la participación (Ayto. Madrid, 2017).
El segundo modelo ha sido utilizado recientemente en la remodelación de la Plaza de España. Para ello se formó un grupo de trabajo con los representantes institucionales competentes en la materia y la representación de los colectivos sociales afectados por la reforma. La función de este equipo era la de elaborar un cuestionario que incluyese cuestiones acerca del papel de la Plaza en relación con el entorno, sus usos actuales y los posibles usos futuros, las dotaciones y elementos que debería contener la Plaza en caso de una posible reforma y la conectividad con otros espacios urbanos, para lo que contaron con cuatro sesiones abiertas a la ciudadanía (Ayto. Madrid, 2017).











Fuente: Procesos de Participación Ciudadana Realizado en la Ciudad de Madrid. Junio 2015 – Julio 2017.
La ciudadanía consideró necesaria la reforma de Plaza España con un 68,58% de los votos a favor, procediendo a trasladar a la plataforma un total de setenta y dos propuestas (Decide Madrid, n.d.). De entre las cinco propuestas más votadas por los inscritos en el portal, un equipo técnico seleccionó dos, las cuales pasaron a ser sometidas a votación directa de la ciudadanía (Ayto. Madrid, 2017).
En el año 2016 se instaura en la ciudad de Madrid el presupuesto participativo. En su primer año se destinan a este proyecto un total de 60 millones de euros -repartidos en un 60% en los distritos y un 40% para iniciativas que afecten a toda la ciudad-, constituyendo el mayor presupuesto participativo del mundo (Iglesias, Barbeito y Taylor, 2016; 626). La distribución del presupuesto entre los 21 distritos con los que cuenta la ciudad se hizo atendiendo a dos criterios: de forma directamente proporcional a la población de los mismos y de forma inversamente proporcional a la renta per cápita de sus habitantes (Ayto. Madrid, 2017).
El presupuesto participativo se divide en cuatro fases (Ayto. Madrid, 2016): 1ª recogida de propuestas a través de Decide.Madrid o en las Oficinas de Atención Ciudadana; 2ª recogida de apoyos, cada ciudadano puede apoyar un total de 10 iniciativas para la ciudad y otras 10 para el distrito; 3ª evaluación, los técnicos municipales valorarán la viabilidad legal, técnica y económica de los proyectos más votados, por lo que no hace falta que la propuesta sea excesivamente desarrollada, ya que el Ayuntamiento pone a sus técnicos a disposición del presupuesto para concretar las ideas que lleguen hasta ellos; 4ª votación final, se facilitará a la ciudadanía los informes técnicos de cada iniciativa y se llevarán a cabo aquellas más votadas por estos, hasta que se agote el presupuesto.


En 2017 la cantidad destinada al presupuesto participativo fue de 100 millones de euros, destinando un 70% a los distritos, como medio para fomentar la participación en los entornos más cercanos a la población. El Ayuntamiento para ese año remodeló el diseño ampliando los tiempos, pasando de cuatro a seis meses para la elaboración de los presupuestos, e incrementando el número de recursos humanos implicados en el proceso. Este cambalache tuvo su repercusión en un aumento de la participación de un 47% respecto a 2016 (Ayto. Madrid 2017).
Los procesos abiertos por el gobierno de Ahora Madrid están consiguiendo un ligero aumento del interés de la ciudadanía en la gestión de los asuntos municipales, de un 22,1% en 2012, a un 23,6% en 2017 (Ayto. Madrid, 2018a; 68). Pero se produce un crecimiento mucho mayor en la consideración que se tiene de la capacidad del Ayuntamiento para tener en cuenta las propuestas ciudadanas, creciendo desde el 27% en 2012, hasta el 39% en 2017. Por tanto, se puede afirmar que la apertura de canales a través de los cuales la ciudadanía se convierta en partícipe de la gestión política hace mejorar la confianza que estos depositan en sus instituciones y, por tanto, en el propio sistema.

  1. CONCLUSIONES


Ante el elenco de argumentos desarrollados que han conllevado a una sensación generalizada de desafección con el sistema democrático -y bajo el peligro que supone el desplazamiento del eje político, hacia posiciones antipluralistas y autoritarias, al que se enfrentan los países europeos como Austria, Italia o Hungría, cuyos gobiernos avanzan por la senda de la restricción de las libertades- la urgencia de repensar el sistema de participación ciudadana cobra cada vez más importancia.
Hacer frente a esta situación de desamparo institucional no se constituye como una tarea sencilla. Esto se debe a que los organismos de gobierno con los que nos hemos dotado, en una gran cantidad de casos son incapaces de dar respuesta a problemas que afectan a poblaciones locales, pero que tienen su origen en la sociedad internacional: la integración en organismos supranacionales, que dictan normativas en nombre del interés común, puede generar problemas de depresión económica en ciertas regiones; los conflictos armados en frentes concretos implican a diferentes actores nacionales mediante la acogida del flujo constante de refugiados que generan, pero que a su vez son incapaces de solucionar cuestiones básicas de su propia población; la deslocalización del sector secundario…
Una situación extrema como la que vivimos pone sobre el tablero la imperiosa necesidadde una nueva ampliación de los derechos democráticos, para así hacer partícipe a las poblaciones, no solo de las capacidades que tienen para hacer frente a estos retos, si no para que, desde posiciones realistas, sean capaces de formular y priorizar las necesidades que poseen. Este nuevo paradigma democrático pasa necesariamente por desconcentrar la gestión en grupos más pequeños, por lo que la autonomía local debe cobrar una importancia cada vez mayor. Y a su vez, debe permitir ampliar los derechos de participación por vías en las que los barrios y distritos sean capaces de tener una comunicación constante con las instituciones y posean competencias para decidir sobre ciertos asuntos propios.
La descentralización administrativa, sumada al hecho de poner asuntos colectivos disponibles para su gestión por parte de la colectividad, genera una nueva conciencia dentro de los núcleos urbanos. El ciudadano se recoloca frente a las instituciones y frente al resto de colectivos y ciudadanos, alterando sus preferencias. Así, las propuestas de estos pasan a ser más realistas -un fenómeno propiciado por el aumento del conocimiento que se tiene del sistema político- y más dirigidas a dar soluciones a los problemas de los colectivos subalternos que se mueven dentro de sus mismos espacios.
Es decir, se crea una dinámica de recuperación de un ideal democrático similar al ateniense, donde el progreso colectivo vuelve a cobrar importancia frente al individualismo que genera un sistema en el que la política es visto como algo ajeno a la vida cotidiana.
En este proceso de formación de una nueva ciudadanía, que aparece ligado a la construcción de una nueva democracia, cada uno de los mecanismos estudiados juega un papel diferente, aunque todos pueden ser igualmente constructivos si se emplean de la manera correcta. Esa forma de articular la democracia participativa pasa por recuperar el papel de la asamblea -no como órgano principal de decisión política, pues la viabilidad de una democracia directista en el siglo XXI queda perfectamente desacreditada atendiendo a las complejas estructuras sociales y económicas que sustentan nuestros estados-, si no como ampliación de la reducida esfera pública con la que nos encontramos. Es decir, fomentar el debate, la discusión y sobre todo los consensos. Y aquí, como se ha visto a través del caso de Decide Madrid, es donde las nuevas tecnologías pueden cobrar importancia, puesto que facilitan la participación de grandes cantidades de personas.
Con un nuevo espacio público, más amplio que las meras esfera institucionales o mediáticas, donde la ciudadanía recupere su papel protagonista, es posible la desconcentración del poder. Así, mediante la deliberación, se hace factible la apertura de vías por las que el demos realice propuestas a las instituciones -en algunos casos de carácter vinculante-, pueda aprobar o rechazar en referéndum las elaboraciones provenientes de los organismos públicos o incluso tener a su disposición parte de los presupuestos, con lo que hacer frente por si mismos a sus demandas, sin necesidad de hacer propuestas en vía ascendente.
El caso analizado, Madrid, pese a que acabade empezar a caminar por la senda de la democracia participativa, ya ofrece muestras de recuperación de la salud democrática, la implicación ciudadana y la toma de conciencia de ciudad. Para analizar esta situación tomaré como base la Encuesta de Calidad de Vida y Satisfacción con los Servicios Públicos de la Ciudad de Madrid 2017, utilizando datos referentes a los años posteriores a la crisis económica, para compararlos con los resultados obtenidos con Ahora Madrid al frente del consistorio.
Tomando en consideración el indicador sintético creado por la encuesta, podemos observar que el año 2017 ha sido el curso en el que la ciudadanía se considera mejor informada de la actividad realizada por el Ayuntamiento. Existe una fluctuación con altibajos que pasa por un 37,3%, un 40%, un 36,1%, un 36,5% y un 41%, para los años 2009, 2012, 2014, 2016 y 2017 (Ayto. Madrid, 2018a; 75). Si bien no se recuperan las cifras previas a la crisis, la gestión municipal se ha vuelto más cercana a la ciudadanía y ha alcanzado su máximo desde el año 2009.
A su vez, la encuesta arroja otros datos como una mejora de la percepción de la mejora de la Administración del Ayuntamiento de Madrid para los cinco años previos, que, si en 2014 se situaba en un 8,5%, para el año 2017 la cifra asciende a 35,8% (Ayto. Madrid, 2018a; 79). O la consideración de que, dentro de las tres administraciones públicas bajo cuya jurisdicción se encuentra la ciudad, el Ayuntamiento se erige como aquella con mejor funcionamiento para la mayoría de los encuestados, con un 32,5%. Por último, dentro de la encuesta puede resaltarse el alcance de máximos en la percepción de transparencia y de calidad en la gestión del Ayuntamiento, con un 48,9% y 57,7% (Ayto. Madrid, 2018a; 80 y 82).
Aunque queden aún muchos aspectos en los que avanzar, como una mayor igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, nacionales y extranjeros o barrios céntricos y periféricos, Madrid ha cambiado sus dinámicas y la administración se ha vuelto más cercana a la ciudadanía, o al menos la percepción de esta así lo indica.
Son todo este tipo de procesos participativos los que hacen implicarse a la ciudadanía, independientemente de su origen social, en la gestión colectiva y que pueden combatir el repliegue antidemocrático que se vive, especialmente en Europa, desde el estallido de la crisis económica, social y de valores.

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