martes, 10 de abril de 2018

EL BIOPODER EN LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN DE 1970


César Méndez Anciones
Historiador Miembro del Grupo de Estudios Culturales A. Gramsci


Entendemos «biopolítica» como lapráctica de los estados modernos de explotar numerosas y diversas técnicas para subyugar los cuerpos y controlar la población y sus conductas, donde también entraría a formar parte el control de las subjetividades. Por tanto, tanto el control de los cuerpos como el de las mentes entran a formar parte de la biopolítica. La sofisticación reflejada en los mecanismos de control de población desde la Edad Moderna hasta nuestros días va acompañada de un aumento del control de la subjetividad en detrimento de la anatomopolítica. Este hecho es visto por los autoresHardty Negri como el paso de una sociedad disciplinaria (propuesta por Focault)a una sociedad global del control[1] acorde con el capitalismo del s. XX de superproducción.
La sociedad disciplinaria es aquella enla que la dominación socialse construyea través de una red difusa de dispositivos y aparatos que producen y regulanlas costumbres, los hábitos y las prácticas productivas. El objetivo de hacertrabajar a esta sociedad y de asegurar la obediencia a su dominio y a susmecanismosdeinclusióny/o exclusiónselogramediante la acciónde institucionesdisciplinarias(la prisión, la fábrica, el instituto neurosiquiátrico, el hospital, launiversidad, la escuela, etcétera) […]. La sociedad de control, en cambio,debería entenderse como aquella sociedad (que se desarrolla en elborde últimode lamodernidad yse extiende a la era postmoderna) en la cuallosmecanismosde dominio se vuelven aúnmás “democráticos”, aúnmásinmanentes al camposocial, y se distribuyen completamente por los cerebros y los cuerpos de losciudadanos, demodo tal que lossujetos mismosinteriorizan cada vez máslasconductas de integracióny exclusión social adecuadas para este dominio[2]
Uno de los lugares de creación de esa subjetividad, por supuesto, es la Universidad, gran fábrica de producción de «la verdad». El poder (siguiendo con Focault) es la capacidad que tiene un determinado grupo de imponer su verdad como verdad para todos y sofocar las otras verdades a través de diferentes medios, con el fin de sujetar al sujeto y su subjetividad. Esta visión del control de la superestructura (entendida en términos marxistas) por la clase dominante podríamos encuadrarla dentro del pensamiento gramsciano, enlazando a su vez con las teorías del «poder blando» donde, de nuevo, la educación entra a jugar un importante papel.
Sin embargo, pese a una educación doctrinal, las protestas estudiantiles que surgieron a partir de 1970 centraron su crítica en la Ley General de Educación de Villar Palasí. La nueva ley era tachada como arma ideológica del régimen capitalista para consolidar la desigualdad de oportunidades y transmitir la mentalidad tecnocrática al servicio del empresario. La limitación del estudiantado al acceso se llevaría a cabo a través de la selectividad o la subida de tasas en las matrículas.Pero, ¿qué podemos aportar al respecto, más allá de proclamas estudiantiles que pueden ser tachadas de demagogas?
 El intento de control de la producción (laboral) de la vida humana no era nada nuevo. Ya en 1962, el Banco Mundial emitió un informe que advertía de la importancia de vincular el sistema educativo con el económico en España. Esto tenía como objetivo la creación de una mano de obra cualificada y especializada ante el deseo de crecer económicamente. Para ello, observaron, era necesario una educación generalizada,[3] a la cual pudiera acceder toda aquella persona que fuese a desempeñar como mano de obra en el futuro. Las exigencias económicas internacionales trajeron consigo un interés del gobierno franquista por el sistema educativo, hasta entonces olvidado y legado a la Iglesia. Sin el desarrollo económico del país y las exigencias para el apoyo económico internacional no se pueden entender sus reformas educativas. Así se mostraba en Bordón. Revista de orientación pedagógica, donde se afirmaba en 1963 que «la Educación nace este año con un signo eminentemente económico».[4]
Esto se enmarca en la etapa tecnócrata que vivió el régimen franquista desde 1959. Desde entonces, muchos de los ministerios estarán copados por miembros del Opus Dei que pretendían deshacerse del lastre fascista e iniciar políticas liberalizadoras que acercaran el país a Europa en una línea liberalizadora (económicamente hablando), algo que ya se venía apuntalando desde el Plan de Estabilización y Liberación de 1957. Debido a este nuevo contexto, lo que el franquismo va a buscar no es ya la formación del hombre con valores del régimen, sino acrítico con el mismo en un periodo de auge de movilización social y, a la vez, hacer de las personas seres útiles para el sistema neocapitalista que se estaba empezando a forjar en los 60´. Los elementos más reaccionarios de la educación comenzaban a modernizarse, aunque se siguieron manteniendo debido al peso de las familias políticas dentro del régimen (católicos y falangistas en este caso).[5]Pero el interés ministerial apuntaba hacia lo explicado anteriormente:se trata de crear sujetos competitivos en el marco de la emergenteideología delcapitalismo moderno.[6]
En la segunda etapa de la dictadura franquista (1959-1975) la universidad comenzaba a tener más alumnos y alumnasde diferente clase social. Entre 1955 y 1960 los estudiantes matriculados no llegaban a los 70.000, mientras que entre 1970 y 1975 sobrepasaba los 400.000.[7] Es ahora cuando las capas populares cada vez más urbanizadas comienzan a matricularse por primera en los estudios superiores, conociendo las aulas (las cuales no estaban habilitadas para tal aflujo) un gran número de alumnos y alumnas, también ahora del sector femenino.
La educación se preparaba para el control por parte del gobierno de una sociedad de masas con la Ley General de Educación de Villar Palasí (1970), en contraposición de una educación superior basada en la formación de élites característica de la etapa anterior. La nueva ley defendía en su preámbulo que «Ahora se debe proporcionar oportunidades educativas a la totalidad de la población (…) y ha de atender a la preparación especializada del gran número y diversidad de profesiones que requiere la sociedad moderna».[8]Dejando al margen las innovaciones o ciertos adelantos que aportó la ley, cabe destacar el reconocimiento del Estado como rector de la educación (hasta entonces delegada a la Iglesia) y la obligatoriedad de la misma hasta los catorce años. ¿Fue esto fruto de la voluntad de los gobiernos por un pueblo culto y formado? De ser así, esto habría sido lo primero que se hubiese hecho al tomar el poder.Lo que realmente importaba era un mayor control en la formación de sus subjetividades cada vez más dispersas y, además, la programación de su vida productiva, moldear sus actitudes y aptitudes.[9] La preocupación por vincular la educación a las nuevas exigencias del modelo productivo cada vez más tecnificado ya se había abordado en el Libro Blanco,[10] informe de final de los sesenta que vio su plasmación en esta nueva ley.
 Es ahora cuando se introduce el Bachillerato Unificado y Politvalente (BUP) y, tras el paso por el mismo, el acceso a Curso de Orientación Universitaria (COU) o a la Formación Profesional (FP). La universidad, a su vez, quedaba dividida en tres ciclos: el primero de tres años para profesiones cortas (diplomado), el segundo de dos años más (licenciado), y un tercero que otorgaba el título de doctor. Esto tenía como fin el encuadre de la sociedad y de la vida de las personas en el nuevo sistema de producción,[11]a la par que seguía perpetuando el sistema de creencias y valores del régimen. Siguiendo el discurso del ministro Villar Palasí, esta reforma no pondría en quiebra el sistema, sino que garantizaría la continuidad de las instituciones[12] al introducir cierta modernidad demandada por la sociedad.
Sin embargo, el discurso de «igualdad de oportunidades» en el que se legitimaba no se traducía en una realidad social. Pese a que el número de alumnos en la universidad había aumentado, los universitarios seguían siendo hijos de clase media. Los hijos de asalariados (58,3% de la población activa), según el censo de 1970, aportaban a los estudios superiores un 12,3% de los alumnos; mientras que los hijos de aquellos que realizaban profesiones liberales, cuadros superiores y medios de la administración y las empresas, así como personal de las fuerzas armadas (8,9% de la población activa) aportaba un 52,6% de los estudiantes.[13]La clase obrera seguía destinada a cursar la Formación Profesional. No se buscaba esa igualdad efectiva de oportunidades, sinocontribuir a la reproducción de la fuerza de trabajo de acuerdo con las exigencias del momento, como ya intentó hacer la la Ley de Formación Profesional Industrial (1955) cuyo principal cometido era estudiar la necesidad de la industria para orientar así la formación profesional del trabajador y promover la coordinación entre las iniciativas oficiales y privadas; ola Formación Profesional Acelerada para crear mano de obra útil pero inculta en una formación de seis meses.[14]
 La necesaria formación de las nuevas generaciones españolas no vino otorgada por bondad de los jerarcas franquistas, sino marcada por las pautas económicas. Tal vez resultó victorioso a la hora de crear una población acorde con la demanda laboral que guiaba el crecimiento económico. Sin embargo, resulta obvio su falló en cuanto a su legitimación como modelo de Estado. Tras la implantación de dicha ley en 1970, el ya veterano movimiento estudiantil (cuyo tímido inicio marcaremos en 1959) conocería su gran auge y madurez tres años después, constituyendo uno de los pilares de desgaste del régimen franquista y vanguardia de la movilización social; resultaron ser el contrapoder y/o resistencia biopolítica, volviendo a Focault.


[1] HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Gustavo. La tradición marxista y la encrucijada postmoderna. Madrid, 2017. ISBN 978-84-9011-863-4. p. 170
[2] HARDT, Michael; y NEGRI, Antonio. Imperio. Barcelona, 2002. p. 63
[3] AA. VV. Informe del Banco internacional de reconstrucción y fomento: El desarrollo económico de España. Madrid, Oficina de Coordinación y Programación económica. 1962. pp. 543-544
[4] MUNICIO, Pedro. ``La Política Educativa frente al Plan de Desarrollo´´, en Bordón. Revista de orientación pedagógica. Vol. 15, Nº 120. Diciembre, 1963. p. 357
[5] NAVARRO SANDALINAS, Ramón. La enseñanza primaria durante el primer franquismo.
[6] CAMARGO, Martín. Universidad y producción biopolítica de la subjetividad. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 2013. ISSN 0123-5095 Tunja-Colombia. p. 136
[8]Boletín Oficial del Estado de 6 de agosto de 1970
[9] CAYUELA SÁNCHEZ, Salvador. La biopolítica en la España franquista. Tesis doctoral dirigida por Antonio Campillo Meseguer. Universidad de Murcia. p. 465
[10] AA VV. La aducación en España. Bases para una política educativa. Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia. 1969.
[12] Ibidem, p. 465
[13] HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena. Estudiantes contra Franco. Madrid: La esfera de los libros, 2007. ISBN 978-84-9734-548-4. p. 155

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